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Hoy ninguna empresa está a salvo del derecho penal. Una operación observada por ARCA (ex AFIP), un allanamiento, una estructura societaria cuestionada, la conducta de un ejecutivo: la actividad económica genera exposición penal donde menos se la espera, y esa exposición alcanza tanto a la compañía como a quienes la dirigen. El solo inicio de una investigación —con sus secuestros de documentación, sus riesgos patrimoniales y su costo reputacional— puede golpear a una empresa mucho antes de cualquier sentencia.
Asesoramos y defendemos a compañías, a sus órganos de dirección y a sus ejecutivos frente a ese riesgo, en cualquier etapa: desde la investigación temprana hasta el litigio.
Representación de empresas. Por el estigma que implica una imputación penal, muchas veces la mejor defensa es la intervención temprana, antes de que la investigación tome estado público. Trabajamos la exposición penal que nace de la propia operación —evasión, lavado de activos, delitos aduaneros y cambiarios, defraudaciones, administración fraudulenta, asociación ilícita fiscal— desde la comprensión del negocio, no solo del expediente.
Representación de directivos y personas. Defendemos a empresarios y ejecutivos imputados en causas económicas, donde a la exposición procesal se suma una condena pública anticipada. Un empresario acusado enfrenta no solo el proceso, sino el daño a su reputación y a sus vínculos comerciales mientras la causa avanza. Nuestro trabajo es que se juzgue la prueba, no la presunción.
Una investigación penal es, en sí misma, una condena anticipada. Antes de cualquier sentencia, el solo hecho de estar sometido a proceso golpea la libertad, el patrimonio y el nombre de quien lo padece. Por eso nuestra primera tarea es siempre la misma: contener el daño y, cuando es posible, resolver antes de que la causa avance o tome estado público.
La defensa penal es el centro de nuestra práctica. Representamos a personas y empresas en causas complejas —del delito común al de mayor gravedad institucional—, en el fuero ordinario y federal, y en todas las etapas del proceso: desde la investigación penal preparatoria hasta el juicio oral y las instancias recursivas.
Lo que define nuestro trabajo no es la categoría del delito, sino la forma de abordarlo. Construimos cada defensa a la medida del caso, con dominio del proceso, rigor técnico y una estrategia pensada tanto para el resultado inmediato como para lo que pueda venir después. Comprendemos cómo razonan fiscales, jueces y cámaras —lo conocemos desde adentro— y ponemos esa comprensión al servicio del cliente. La experiencia en litigio nos permite anticipar el escenario de juicio incluso cuando el mejor resultado es, precisamente, evitarlo.
Intervenimos también en causas de proyección internacional, incluidos procesos de extradición y requerimientos de INTERPOL. El manejo de español, inglés y alemán nos permite coordinar defensas entre jurisdicciones y asistir a clientes y empresas del exterior con contingencias en la Argentina.
La mejor defensa es no tener que defenderse. El derecho penal económico moderno empieza antes del conflicto: cuando una empresa organiza su operación de modo que el riesgo penal no llegue a materializarse, o quede acotado si aparece. Anticiparlo cuesta una fracción de lo que cuesta litigarlo, y evita el daño que ninguna defensa, por buena que sea, repara del todo.
Diseño y prevención. Trabajamos con empresas y directivos en el diseño de esas estrategias con la misma profundidad con la que después las litigaríamos. Programas de integridad conforme a la Ley 27.401, auditorías penales, protocolos internos de prevención y reporte, y análisis del riesgo penal del directivo. Es la misma expertise del penal económico, aplicada en el momento en que todavía se puede evitar el daño.
Investigación interna. Aun el mejor programa de cumplimiento termina, tarde o temprano, detectando algo. Cuando eso ocurre —un fraude, una maniobra, la conducta de un directivo—, esclarecerlo puertas adentro, con independencia y reserva, y definir la estrategia antes de que el problema se transforme en causa pública, es la forma más eficaz de seguir estando un paso adelante. Determinar los hechos a tiempo es, con frecuencia, la diferencia entre controlar una crisis y sufrirla.
Esta es, además, nuestra área de mayor profundidad académica. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es objeto de nuestra investigación doctoral, y hemos escrito la obra que orienta a los propios fiscales en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley 27.401. Diseñamos la prevención con el conocimiento de quien estudia, desde adentro, cómo se persiguen estos delitos.
La empresa bien asesorada no llama al penalista cuando el problema estalla. Lo tiene antes.